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Noly Gómez ha declarado esta noche a deportedelaisla.com
que "si la competición no podía reanudarse por culpa del
coronavirus lo lógico era anular la competición o que todos
los clubes tengamos los mismos derechos. Está muy claro que
no se puede modificar el reglamento, pero eso es que lo ha
hecho la Federación Española".
El presidente del San Fernando CD no puede ocultar su
malestar. "Alegan desde la Federación Española que es
injusto que haya descensos cuando quedaban diez jornadas,
pero también lo es que nos dejen sin la opción de pelear por
jugar un play off cuando estábamos a sólo tres puntos. Con
esa decisión benefician a clubes que estaban desahuciados y
sin opciones de salvarse, pero perjudican a equipos como el
San Fernando, que puede presumir de estar al día en los
pagos a los jugadores, cuerpo técnico y demás trabajadores
del club, al igual que con la Seguridad Social y Hacienda. Y
encima somos de los pocos que no han aplicado un ERTE en
esta situación tan complicada. Todo eso nos hace ver que
hemos tirado el dinero. No ha valido para nada tanto
esfuerzo".
La AFE dice en un
comunicado que la decisión de la RFEF es ilegal, que
discrimina a los jugadores y anuncia que tomará medidas
La Asociación de Futbolistas Españoles ha emitido un
comunicado donde rebate la decisión de la Federación
Española de dar por concluida la temporada en Segunda B y
anuncia que luchará por los derechos de los jugadores. El
texto íntegro es el siguiente.
"Ante
la propuesta que va a elevar D. Luis Rubiales a la junta
directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF),
siendo conscientes de que dicha propuesta ya ha sido
consensuada con integrantes de la junta directiva, que en su
mayoría son los presidentes de las federaciones
territoriales, con las que este miércoles 6 de mayo ha
mantenido una reunión, nos vemos en la obligación de
manifestar lo siguiente.
Primero.- Lamentamos
enormemente que la RFEF no haya querido tratar un asunto tan
importante como es el derecho del trabajo de nuestros
jugadores/as y que pretenda elevar una decisión a la junta
directiva que, a día de hoy, ya tiene adoptada sin contar en
ningún caso con los/as futbolistas, a pesar de las
comunicaciones que le han sido remitidas por este sindicato
en relación con la vuelta a la competición. La última, de
fecha del 20 de abril, sin obtener respuesta alguna.
Todos
los jugadores/as tienen los mismos derechos al trabajo,
independientemente de la categoría en la que militen, por lo
que no podemos tolerar tal discriminación por parte de la
RFEF.
El
mandato expresado por nuestros afiliados/as, expuesto en las
reuniones telemáticas celebradas con todos los capitanes y
capitanas de todas las categorías afectadas (Segunda B,
Tercera División, Primera Femenina y Segunda Femenina), es
que quieren seguir disputando la competición, evidentemente,
con unas garantías de salud -que sí las hay para otras
ligas- y que se debería salvaguardar, por lo mismo que para
estas otras ligas, y no menospreciar la prestación de sus
servicios. Por tal motivo, instamos a la RFEF para que, en
vez de adulterar las reglas del juego, busque una solución
más justa para todos.
Segundo.- El
reglamento de la RFEF no prevé la modificación de las reglas
del juego que se pretende ejecutar. En este sentido, el
artículo 188 del Reglamento General de la Real Federación
Española de Fútbol establece que “en
caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la RFEF
podrá suspender total o parcialmente las competiciones, así
como prorrogar o reducir los períodos de inscripciones, en
coordinación, en su caso, con la Liga Nacional de Fútbol
Profesional, cuando así resulte legalmente oportuno".
A
pesar de tener la RFEF la aquiescencia del Consejo Superior
de Deportes (CSD) para decidir sobre la competición, esta
decisión debe de estar amparada en un reglamento que, en la
actualidad no ha sido modificado. Es una aquiescencia que no
da cobertura legal a esta decisión.
Tercero.- En
este sentido, este sindicato se compromete a luchar por esa
legalidad. Aún más, teniendo en cuenta lo que queda claro en
el artículo 3.1 a) del Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre sobre federaciones deportivas españolas, que
especifica que se trata de una competencia de delegación
pública.
Art. 3.
Las
Federaciones deportivas españolas, además de sus actividades
propias de gobierno, administración, gestión, organización y
reglamentación de las especialidades deportivas que
corresponden a cada una de sus modalidades deportivas,
ejercen bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior
de Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter
administrativo.
a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y
competiciones oficiales de ámbito estatal.
Cuarto.- Ante
esta situación, si es necesario, trasladaremos esta cuestión
a los grupos parlamentarios, porque este derecho a la
ocupación efectiva no puede ser ninguneado, ni siquiera por
el hecho de una resolución del CSD sobre unas competiciones
que, insistimos, son de delegación pública. |
